El Presupuesto 2027 obtuvo respaldo unánime en la Cámara de Diputados

La Cámara Baja aprobó en general el proyecto que establece las proyecciones de recursos y gastos para el próximo ejercicio, con 29 votos afirmativos. También obtuvo respaldo unánime la iniciativa que autoriza la reorganización societaria del agente financiero provincial

 

 

La quinta sesión especial del 147º Período Legislativo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos tuvo lugar este jueves 12, bajo la presidencia del diputado Gustavo Hein. Fue convocada para tratar dos iniciativas: el proyecto de Ley de Presupuesto General para la Administración correspondiente al ejercicio 2027, contenido en el Expediente Nº29.775, y la propuesta del Poder Ejecutivo para autorizar la reorganización societaria del Nuevo Banco de Entre Ríos SA, Expediente Nº29.870.

El principal debate de la jornada fue el Presupuesto 2027, que recibió media sanción por unanimidad en general, con 29 votos afirmativos y ninguno en contra. El debate se desarrolló sobre la base del dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, presidida por el diputado Bruno Sarubi, quien actuó como miembro informante ante el pleno.

El dictamen favorable fue resultado de sucesivas reuniones de comisión junto a titulares y equipos de los ministerios de Economía y Servicios Públicos, de Planeamiento e Infraestructura, de Salud y de Desarrollo Humano, además de integrantes del Consejo General de Educación (CGE). En esos encuentros se analizaron las proyecciones y la distribución de los recursos previstos para cada área, y los funcionarios respondieron las consultas de los legisladores. Durante la jornada, además, se incorporó al dictamen un anexo con el listado de obras sin crédito presupuestario.

 

Inversión pública y equilibrio de las cuentas

En su carácter de miembro informante, el diputado Sarubi sostuvo que el Presupuesto “es una ley que marca el rumbo del próximo año” y valoró el trabajo de la Comisión de Hacienda y de los distintos bloques. También destacó los indicadores de transparencia de la provincia, reconocidos por organismos de competencia específica a nivel nacional.

El legislador precisó que, sobre un presupuesto de 8.668.000 millones de pesos, se destinan 905.000 millones a inversión pública. De ese total, el 55 por ciento corresponde a obras nuevas y el 45 por ciento a trabajos en ejecución. En particular, señaló que unos 458.000 millones de pesos se asignarán a rutas y caminos. “Lo que genera el campo vuelve al campo en caminos”, expresó, en referencia a la asignación de la totalidad de lo recaudado por el impuesto inmobiliario rural al financiamiento de caminos de la producción.

Sarubi también remarcó que el proyecto prioriza obras planificadas a partir de las necesidades de la provincia y con una perspectiva que trasciende los tiempos electorales. “Este no es un presupuesto de promesas. No pusimos en él nada que no se pueda cumplir”, afirmó. Finalmente, destacó que el ordenamiento de las cuentas permitió alcanzar un proyecto equilibrado y con resultado positivo. “El equilibrio no es un fin en sí mismo, es la herramienta para poder planificar y elegir las prioridades”, concluyó.

La diputada María Elena Romero, por su parte, destacó el carácter del Presupuesto como herramienta de planificación y consideró que constituye “una prueba de honestidad” cuando refleja las posibilidades reales de las cuentas públicas. También valoró el criterio de no generar nuevos gastos sin identificar previamente su financiamiento.

 

Las posiciones de los bloques

Por la primera minoría, la diputada Andrea Zoff adelantó el acompañamiento en general de su bloque al cálculo de recursos y a la estimación de gastos, aunque manifestó objeciones respecto de algunos artículos particulares. La legisladora planteó interrogantes sobre la posibilidad de concretar los ingresos proyectados ante la situación económica y la pérdida de puestos de trabajo en distintos sectores. En ese marco, advirtió sobre la necesidad de precisar qué gastos se revisarían en caso de que la recaudación no alcance las previsiones. Asimismo, la diputada María Laura Stratta expresó diferencias sobre determinados artículos. Entre sus observaciones mencionó los niveles de ejecución de la obra pública, las partidas destinadas a salarios y áreas sociales, entre otros puntos.

En tanto, la diputada Lorena Arrozogaray fundamentó su voto afirmativo y celebró el “compromiso político” para concretar las obras proyectadas durante el próximo ejercicio. A su vez, reclamó avances en la construcción de un parque industrial para Gualeguaychú. También expresaron sus fundamentos y acompañaron la iniciativa los diputados Carlos Damasco, Liliana Salinas y Débora Todoni, representantes de otros bloques de minoría.

 

Integración societaria del agente financiero provincial

En otro tramo de la sesión, la Cámara otorgó media sanción por unanimidad, con 27 votos afirmativos y ninguno en contra, al proyecto de ley del Poder Ejecutivo contenido en el Expediente Nº29.870. La iniciativa, cuyo tratamiento sobre tablas fue avalado por dos tercios de los votos, establece la ratificación legislativa para la provincia respecto de la solicitud de conformidad requerida por el Nuevo Banco de Entre Ríos SA para avanzar en la integración societaria del agente financiero. El proyecto contempla que el Nuevo Banco de Santa Fe SA actúe como entidad absorbente y continuadora universal del Nuevo Banco de Entre Ríos SA, con el mantenimiento de los derechos, obligaciones y prestaciones vigentes.

Según consta en el mensaje del proyecto, la propuesta cuenta con aval preliminar del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y procura fortalecer la eficiencia patrimonial del sistema, mientras que los dictámenes de la Unidad Operativa de Control del Agente Financiero y de la Secretaría Legal y Técnica consideraron viable la operación. El Ejecutivo fundamentó la necesidad de someter la medida a consideración legislativa dada la relevancia institucional de la entidad, que actúa como depositaria del Tesoro provincial y pagadora de la administración pública, así como en la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios financieros a la ciudadanía.

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